¿Dónde caben las comunidades indígenas?

Despojados de sus territorios ancestrales, sin acceso a derechos básicos fundamentales, obligados a dejar sus prácticas espirituales y adoptar otros dogmas, los pueblos indígenas sufrieron el terrorismo de Estado.

La postura del Gobierno de Stroessner no fue ningún secreto: los indígenas no eran considerados personas. Gran parte de la política estatal estuvo orientada a su exclusión y eliminación. El no reconocimiento de los pueblos indígenas como individuos y colectivos con dignidad y autonomía fue el primer atropello que dio inicio a una inmensa cadena de violencia, ocasionada tanto por el Estado como por la sociedad en su conjunto.

El régimen stronista cometió graves violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas, como los ataques por parte de civiles y militares contra los pueblos aché, ayoreo, maskoy y toba qom, las ejecuciones extrajudiciales de adultos, ancianos y niños de dichas comunidades, así como también violaciones sexuales a las mujeres.

Comunidades indígenas y campesinas fueron expulsadas de sus territorios por el Gobierno. Al ser despojados de sus tierras ancestrales, las comunidades indígenas no solo pierden un lugar donde desarrollarse en paz y con seguridad. También, paulatinamente, van perdiendo su identidad, sus costumbres y hasta las ganas de vivir.

Durante las décadas del 60 y del 70, la persecución contra los indígenas se acrecentó, especialmente en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Guairá y Caazapá. Someter a niños y niñas a prácticas de esclavitud, obligar a que abandonen sus creencias espirituales, sus prácticas con la medicina natural y otras costumbres a través de la colonización religiosa, causar muertes por privación de alimentos y medicamentos, y ejecutar extrajudicial o arbitrariamente a adultos, eran prácticas muy comunes en esos tiempos.

Las sistemáticas violaciones se producían en un contexto en el que las comunidades, con tierras o sin ellas, sufrían la ausencia crónica de servicios públicos de salud, educación y agua potable.

Progreso que extermina

Las binacionales Yacyretá e Itaipú son calificadas por los simpatizantes del régimen de Stroessner como sus principales logros. Son dos pilares importantes que sostienen el «progreso» de la época. Sin embargo, nunca rindieron cuentas del costo humano que implicó la construcción de aquellas represas.

En el sur del país, en los departamentos de Itapúa y Misiones, habitaba la población mbya guaraní. Antes de la noticia del acuerdo binacional de Yacyretá y de la culminación de las obras de asfalto de carreteras, eran aproximadamente 120 a 150 familias, entre 600 y 800 personas, que vivían en la zona de influencia de la represa.

Empujados por el anuncio de la construcción de la hidroeléctrica, las familias mbya empezaron a huir hacia zonas más boscosas o lugares más aislados, pero a medida que fueron avanzando las obras, aumentaron también las presiones para que abandonen sus territorios.

No había muchas alternativas viables para las familias mbya. En los nuevos lugares hacia donde fueron desplazadas no existían condiciones materiales para acceder a recursos básicos. Además, sufrían el acoso de la sociedad no indígena. Así, para quienes permanecieron en aquellas zonas, el destino fue trágico.

Misiones se convirtió en un gran cementerio mbya. Cerca de la mitad murió a causa de la tristeza, el hambre, la violencia y las enfermedades que llegaron con los nuevos vecinos. Según los pobladores de la comunidad indígena Pindó, se habla de aproximadamente 200 personas de todas las edades enterradas en la zona.

Para las comunidades que habitaban el Alto Paraná, la realidad no fue muy distinta. La construcción de la represa de Itaipú significó una bomba de tiempo para la población ava guaraní. Lo que para el Gobierno fue una de sus máximas obras, para este pueblo indígena fue el exterminio de lo que conocían como vida.

El río Paraná era una ruta muy transitada por los ava guaraní. La utilizaban para visitarse entre comunidades; además, se trataba de una importante fuente de peces para la ingesta o la comercialización. Aproximadamente, una extensión de 150 kilómetros era parte del recorrido habitual de los indígenas ava paranaenses.

En ese periodo, la población ava guaraní también sufrió el atropello de la empresa latifundista La Industrial Paraguaya S.A., que, según el coordinador ava, Julio Martínez, los esclavizó para que trabajen en las obras y extraigan las riquezas de sus propios montes, para luego venderlos al extranjero.

En su declaración, Martínez agregó:

Esta empresa trabajó hasta la década del 70, matando los recursos naturales con apoyo de los militares. En este contexto, una situación clave fue la construcción del Puente de la Amistad, que permitió la llegada de los colonos brasileños, ocupando esa zona del Paraguay, el territorio de los indígenas.

Los testimonios mencionan a un total de 534 familias afectadas por la instalación de la represa de Itaipú. A pesar de las promesas de restitución de sus tierras y mejores condiciones de vida, las familias aún no han recuperado lo que les fue saqueado.

Con montes cada vez más deforestados, con el avance de la soja y otros monocultivos, con la utilización de agrotóxicos para los campos, con leyes que criminalizan la lucha por la tierra, ¿habrá lugar aún para las comunidades indígenas?