Fragmentos de una historia en llamas

El duelo colectivo de la sociedad paraguaya es un laberinto. Cada día que pasa abre una nueva pregunta: ¿dónde están?, ¿qué pasó?, ¿cómo murieron? Las familias de las víctimas de desaparición forzada siguen esperando que el Estado condene a los perpetradores y encuentre a sus seres queridos para devolverles la dignidad.

Antes que ser el director de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, Rogelio Goiburú es hijo de Agustín Goiburú, aquel médico, colorado y opositor al régimen que fue desaparecido en febrero de 1977. Rogelio se enteró por medio de un telegrama: «papá Agustín desapareció». Ese momento sería el impulso de un larguísimo proceso personal y colectivo de buscar a los desaparecidos, para intentar recuperar la identidad de Agustín y la de cientos de paraguayos y paraguayas.

Es febrero del 2017, pasaron 40 años desde la última vez que vio a su papá; en su rol de trabajador por la memoria, Rogelio hace un anuncio histórico: la restitución a familiares de los primeros restos óseos identificados de desaparecidos, víctimas del régimen de Alfredo Stroessner. Pertenecen a Miguel Ángel Soler, Raffaella Filipazzi, José Agustín Potenza y Cástulo Vera Báez.

Estamos en 2022 y se cumplieron 33 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. De las 336 víctimas de desaparición forzada, tan solo cuatro han sido identificadas. No hay avance por falta de interés estatal y, por ende, de presupuesto. La desaparición de tantos compatriotas en circunstancias nunca esclarecidas constituye un gran duelo colectivo para la sociedad paraguaya.

Rogelio Goiburú dijo que buscar a su papá era como armar un puzzle. Pero, ¿qué pasa cuando las piezas están desordenadas, son falsas o se contradicen, son ocultadas o protegidas por un grupo de personas? La búsqueda de las víctimas no es lineal ni sigue un mapa trazado con exactitud. Cada proceso es diferente y requiere no solamente del deseo de los familiares.

La mayoría tuvo conocimiento de que sus seres queridos habían desaparecido mucho tiempo después de que ocurriera el hecho. Tuvieron que atravesar sus dolores para empezar a indagar sobre el paradero de sus familiares. Pero más allá de paralizarlos, el dolor de la ausencia y la duda por lo que había acontecido fueron motores que los estimularon no solo en la búsqueda, sino en su forma de afrontar la vida.

En sus indagaciones, las familias recurrieron a instancias del Estado, amigos, compañeros políticos, testigos de los hechos, miembros de las fuerzas de seguridad, incluso a altos mandos de la dictadura stronista, buscando alguna respuesta que ubique a las víctimas. En algunos casos, los funcionarios y autoridades quisieron aprovecharse de la desesperación, intentando manipularlas y chantajearlas.

Cuando surgía alguna pista que parecía certera, los familiares se agarraban de ella intentando que los conduzca a algo más concreto. Pero, como lo describe Carlos Villagra, hijo del desaparecido Américo Villagra Cano, era una búsqueda interminable, infructuosa, llena de incertidumbre. Al final, todo se quedaba flotando en una nebulosa.

La inquietud por encontrar a las víctimas generó que los allegados empiecen a aislarse de la sociedad, se refugien en su mundo interior y en las gestiones necesarias para dar con más pistas.

Las mujeres ocuparon un lugar central en la búsqueda de los desaparecidos. Madres y hermanas encabezaron las indagaciones, enfrentándose a peligros, frustraciones, a la carga emocional y a las consecuencias de la impunidad de los hechos.

María de las Mercedes Villagra, hija de Américo Villagra Cano, asegura que lo más terrible de la búsqueda es que se hace en solitario. El estigma por ser perseguido político de la dictadura stronista seguía siendo una gran carga, aun siendo víctima de desaparición forzada. Para María existía una especie de muralla que el sistema logró construir, una muralla que dividía a las víctimas del resto de la sociedad.

Un punto de partida

En 1992, a cuatro años de la caída de la dictadura, se descubrió el Archivo del Terror. Un importante registro constituido por información, documentos y fotos de los perseguidos y torturados por las fuerzas públicas. Aquel material contiene datos que sirvieron a los familiares para confirmar teorías y tener mayor certeza con respecto a lo que había acontecido.

El Archivo del Terror, además, confirmaba las sospechas sobre el régimen: torturó, mató y desapareció a personas contrarias a sus intereses. Para las familias, se trataba de una evidencia fehaciente que podría acercarlas a la concreción de justicia y dignidad para las víctimas.

Muchos parientes iniciaron demandas ante el Poder Judicial para que investigara los hechos y procese a los autores. Ninguno de los casos progresó. El contexto de impunidad, en el que se mantienen los crímenes hasta el día de hoy, devela lo arraigada que sigue la estructura stronista en el sistema judicial. Además, existen aún ciertas autoridades de la dictadura que ejercen control y miedo sobre la ciudadanía.

En el caso de los Goiburú, ellos decidieron llevar la demanda a instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado en la desaparición de Agustín Goiburú y reiteró la obligación de investigar y sancionar a los perpetradores, así como llevar a cabo la búsqueda de los restos y otorgar una reparación a los familiares. Los obstáculos para estas investigaciones también se han mantenido.

Lo que se rescata con hallar los huesos es la memoria, la lucha de esa persona, se lo devuelve a su familia y a esa persona se le da vida; pero para que eso sea válido, se necesita todo un proceso, todo un ir y venir…

Para muchas familias, cada día es como recomenzar entre la frustración y la esperanza. Pero olvidar, nunca. Recordar a sus seres queridos desaparecidos es una posición política ante la desmemoria e impunidad del Estado.