En contra de la impunidad

Los derechos de las víctimas a la reparación, posterior a la caída del régimen stronista, no han sido asumidos de manera apropiada y proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Centenares de familias paraguayas siguen aguardando que la verdad se haga justicia.

La Comisión de Verdad y Justicia investigó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y tuvo el mandato —establecido por ley— de identificar niveles de responsabilidad institucional, política e individual, con un carácter oficial e histórico, que no reemplaza la obligación del sistema judicial de esclarecer y sancionar penalmente a los represores.

Responsabilidad institucional

La principal responsabilidad recae en el Estado en su conjunto, puesto que en él convergen las autoridades e instituciones que ejercen el poder político en la sociedad nacional, en las funciones política-administrativa, legislativa y jurisdiccional. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar todos los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción y, en la medida que las tres ramas del poder público participaron de la represión, se incumplió este deber por acción u omisión.

La CVJ señala que la responsabilidad institucional del Poder Legislativo durante el periodo stronista ha sido también política y moral, de manera pasiva por su silencio, omisión y tolerancia con relación a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Ejecutivo; y de manera activa y directa por la sanción de las leyes liberticidas 294 de «Defensa a la Democracia» y 209 de «Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas».

Del mismo modo, se resalta la negativa a reglamentar el estado de sitio, creando con esto el marco legal para la represión y la negación al derecho de la defensa en juicio justo de miles de paraguayos y paraguayas.

El Poder Judicial tuvo responsabilidad institucional aplicando la ley de manera arbitraria, consagrando la impunidad de los represores y perpetradores del régimen, negando el derecho a la libertad y al debido proceso a miles de compatriotas. Jueces, camaristas y ministros de la Corte son responsables de negar el habeas corpus a favor de personas que estuvieron detenidas por años y décadas, incluso, en completa incomunicación y condiciones inhumanas.

Responsabilidad granítica del Partido Colorado

El Partido Colorado tiene también la responsabilidad histórica de haber aportado agentes paraestatales para la violación de los derechos humanos. Existe una clara responsabilidad personal de particulares que actuaron con el apoyo y la tolerancia de agentes del Estado y de su partido, especialmente dirigentes de las seccionales coloradas, milicias, guardias urbanas o militantes y los pyrague que contribuyeron, con o sin uniforme policial o militar, a la violación de la libertad personal, de la seguridad e, incluso, atentando contra el derecho a la vida en muchos casos.

Hubo responsabilidad institucional de los medios de prensa que durante el periodo 1954–1989 apoyaron al régimen o ejercieron la autocensura, no denunciando los actos de violación de los derechos humanos de la dictadura e impidiendo así que la opinión pública tuviera acceso a la información veraz sobre dichas violaciones.

En este sentido, una responsabilidad política y moral recae especialmente en la prensa del partido oficialista, por avalar las violaciones de derechos humanos y la represión en general, como fueron el Diario Patria y el programa radial La voz del coloradismo, que se difundía en cadena para todo el país.

Han sido muy pocos los casos en que la Justicia ha logrado establecer la responsabilidad jurídica de represores y sostenedores del régimen. Las medidas adoptadas por el Estado paraguayo en materia de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición de aquella época de terror son insuficientes. En este marco, la verdad y la justicia aún esperan su misión reparadora y reivindicativa en esta historia.