La desigualdad como método de control social

Mientras pequeñas élites crecían y se legitimaban gracias a la corrupción, la desigualdad se instalaba. La violencia estatal a favor de unos pocos y contra sectores específicos de la sociedad, como el campesinado, condenó a generaciones enteras a la pobreza extrema.

El 72 % de las víctimas de la dictadura sufrió graves daños económicos como consecuencia de la represión sufrida. Las principales secuelas fueron mayor pobreza, pérdida de trabajo, falta de acceso a la educación, pérdida de oportunidades de desarrollo y dependencia económica.

La demostración de fuerza y poder de la Policía no terminaba con la violencia física, también había que destruir y apropiarse de los bienes materiales. Era otra forma de anular, en el plano social, a las personas perseguidas y a sus familias. En sociedades basadas en el tener, quienes carecen de bienes quedan vedadas de los espacios de participación e intercambio político-social-cultural.

Las acciones represivas muestran un patrón de pérdida de las condiciones de vida de las personas y familias afectadas: el saqueo, robo y destrucción de pertenencias eran parte del modus operandi de las fuerzas públicas contra las comunidades más vulnerables.

En las áreas rurales el saqueo de bienes era muy frecuente como forma de amedrentamiento y método ejemplificante. Una de cada tres víctimas sufrió robo de bienes. Desde animales y cultivos, hasta cables, pilotes y alambres. Se llevaban todo. Eugenio Gómez (Misiones, 1976) testimonió:

Familias enteras tuvieron que abandonar sus casas y terrenos. Fueron testigos, a la vez, de la destrucción de sus herramientas de trabajo, cosechas, escuelas y espacios comunitarios. Veneranda Gómez de Rossi recuerda haber agarrado una bolsa con un poquito de ropa y escaparse con eso, antes de que también les hicieran daño a ella y a sus seres queridos.

Con este tipo de prácticas se buscaba destruir formas de vida asociadas a un proyecto comunitario y su capacidad de recuperación. Sin apoyo social, con el estigma de haber sido perseguidas por el régimen y en condiciones de aislamiento, muchas familias afectadas tuvieron que empezar a reconstruir su vida económica desde cero.

Las expresiones de Ana Selva Riquelme (Coronel Oviedo, 1976) dan cuenta de que las pérdidas económicas abarcaban también proyectos colectivos y afectaron a todos los miembros de las comunidades reprimidas. El ejemplo más emblemático es el caso de las Ligas Agrarias:

Las consecuencias socioeconómicas para las comunidades campesinas e indígenas fueron tan inmensas que hasta hoy siguen reclamando justicia social. Sin embargo, ideas estigmatizantes arraigadas en la sociedad sostienen que sus integrantes son «haraganes», «que no trabajan» o que «quieren vivir a costa del Estado»; asociadas también al prejuicio de que «el pobre es pobre porque quiere»; como si el desafío de superar la pobreza que enfrentan poblaciones enteras dependiera del esfuerzo individual y no del contexto de desprotección social legado por las políticas de exclusión y la histórica legitimación de las violencias. Como si la extrema desigualdad de la sociedad paraguaya no fuera el rotundo fracaso del modelo de Estado colorado-stronista.

¿Sin trabajo hay dignidad?

La dictadura institucionalizó un sistema de recompensas y castigos, quienes eran fieles al modelo formaban parte de una élite que aumentaba cada vez más su patrimonio. Eran los clientes del Estado. Siempre y cuando demostrasen su lealtad al régimen, podían recibir todo tipo de prebendas, como puestos en las instituciones públicas o en los estamentos militares, tierras, protección a sus empresas, etc. Mientras tanto, un 38,4 % de las víctimas de las zonas urbanas perdieron sus puestos laborales como consecuencia de la persecución o el exilio; algunas empresas e instituciones empezaron a despedir o a negarles el trabajo, ya sea por complicidad con el Gobierno o por el peligro que implicaba contratarlas. Así, una de cada cinco personas afectadas señaló la imposibilidad de conseguir trabajo después de haber sufrido la represión. Sin embargo, si se consideran solo los testimonios de quienes eran adultos en esa época, casi la mitad de las víctimas sufrió esta forma de represalia.

Muchos profesionales no pudieron ejercer sus carreras. Tuvieron que abandonar los deseos de desarrollarse profesionalmente y cumplir con sus metas y sueños personales. Incluso si formaban parte de un espacio en el que su trabajo era valorado, eso cambió drásticamente luego de la violencia y el estigma generado. La campaña represiva del régimen tuvo éxito en generar desconfianza hacia los opositores. «Yo era abogado, se decía que era comunista, esa fue mi mayor desgracia. Que era profesional y no podía trabajar», contó Juan Bautista González Flores (Asunción, 1962).

A medida que los ingresos propios disminuían, la única alternativa que les quedaba a estos profesionales y perseguidos era la dependencia económica a cargo de algún pariente. De esa manera, perdieron también su autonomía y la posibilidad de llevar adelante proyectos propios o negocios, muchos de ellos truncados por la represión.