¿Puede el paraguayo ser un 108?

Un amoral, un desviado, una lacra, un depravado, un problema para la familia y la sociedad en su conjunto. El dispositivo de control de la dictadura funcionó de manera tan eficiente contra las disidencias sexuales que todavía persiste el temor y la sospecha hacia quienes pertenecen a la población LGTBIQ+.

En la dictadura de Alfredo Stroessner existía un modo oficialista de ser paraguayo: varón, heterosexual, cis y colorado. Toda persona que no encajaba en esas características era reprimida y excluida. La violencia empezaba por las fuerzas públicas, pero se reproducía por medio de la sociedad misma.

El régimen totalitario ejerció su dominio sobre el conjunto de la población paraguaya, tanto en el ámbito público y mediático como en el privado. No bastaba con controlar lo que pasaba en las instituciones públicas, en los partidos políticos, en las calles, en el plano de los discursos culturales, sino también se intervenía en la manera en que las personas decidían vivir su intimidad.

El carácter homogeneizador del régimen obligó a las personas disidentes sexuales a vivir en silencio, mimetizadas, de manera clandestina. La vida social se reducía a grupos pequeños de amigos y a ciertas reuniones sociales de forma oculta o disfrazada. El hecho de no ser reconocidos o, lo que es peor, de ser señalados como un problema, imposibilitaba la organización y el reclamo de sus derechos.

La estrategia articulada: entre represión policial y persecución mediática

La persecución pública hacia los varones gais inició en 1959, con la muerte del locutor y bailarín Bernardo Aranda. El 1 de septiembre, de ese año, fue encontrado sin vida en la habitación donde residía, totalmente incinerado. Aranda tenía veinticinco años, era uno de los principales conductores de la Radio Comuneros.

Las redadas contra varones considerados homosexuales iniciaron inmediatamente desde el 2 de septiembre. Sin embargo, los diarios nacionales como El País comunicaban otra cosa: «Hasta ahora no se ha practicado ninguna detención preventiva». En comparación con operativos anteriores, la Policía decidió mantener reservado su actuar para no alertar a los sospechosos, y así evitar que huyan a otro sitio.

Los principales diarios oficialistas de la época fueron claves para instalar y reforzar el discurso contra las personas LGtBIQ+, especialmente hacia los gais. El 9 de septiembre, se publicó por primera vez que unas cuatro docenas de jóvenes y adultos de «dudosa conducta moral» fueron detenidas para ser interrogadas.

El 23 de septiembre, el diario El País publicó:

Otra campaña de odio

En 1982, ocurre el otro caso emblemático que da inicio a una nueva persecución sistemática hacia homosexuales. El 28 de marzo, en la sexta compañía Maramburé, de la urbanización Lapachal, de la ciudad de Luque, fue encontrado el cuerpo sin vida de Mario Luis Palmieri de Finis. Tenía catorce años.

Basados nuevamente en la presunción de que el autor material del hecho era homosexual, la Policía realizó grandes despliegues para capturar a la mayor cantidad de homosexuales posible. Manejaban una lista de 600 varones gais, muchos de los cuales fueron seleccionados para su detención.
Las víctimas fueron aprehendidas sin orden judicial ni explicación, más que el hecho de tener «relación con el mundo de la homosexualidad», según los informes oficiales de la época. Allí adentro sufrieron, además de tortura física y psicológica, humillaciones y tratos degradantes. Muchos permanecieron encerrados más de un mes.

En la carpeta judicial del caso Palmieri, con fecha 6 de abril, de la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Investigaciones, un documento asegura que existen pruebas para señalar a un autor material del secuestro y homicidio del adolescente. También afirma que tan solo cuatro personas fueron detenidas por el mismo hecho. Sin embargo, las nóminas de recluidos en dependencias policiales mostraban lo contrario: hombres gais continuaban siendo privados de libertad. En el expediente judicial no se menciona nada relacionado al actuar de la Policía.
La intención real de las fuerzas públicas quedaba al descubierto una vez más: las personas que fueron detenidas por supuesta vinculación con el caso Palmieri no fueron sometidas a interrogatorio con respecto a lo ocurrido, sino que fueron obligadas a declarar los nombres de otros homosexuales que aún no se encontraban detenidos.

Los familiares y allegados al principal sospechoso sí fueron interrogados de forma rigurosa, buscando recabar información que lo vincule con la muerte de Palmieri. A través de los testimonios y documentos, la policía desarrolló un informe en el que detallaba los antecedentes de la supuesta homosexualidad de este. Su conducta sexual fue esencial para seguir con las pesquisas.

Aquel informe demostró que nunca hubo un nexo real entre los detenidos y la muerte de Palmieri. Si el presunto culpable o las demás víctimas de detención arbitraria no hubieran tenido supuestos antecedentes homosexuales, la historia hubiera sido otra.